“¿Quiere agregar algo más?”, preguntó el presidente del Tribunal Oral Federal (TOF), Gabriel Casas. En la pantalla se vio a la mujer que llevaba un pañuelo blanco en la cabeza asentir con un pequeño gesto. Enjugándose las lagrimas, afirmó que haría un pedido. “A esta edad no me queda mucho para esperar. Quiero saber de qué lo culparon, por qué lo hicieron desaparecer y cuál fue su destino. Me gustaría saber y espero que antes de que cierre los ojos pueda tener alguna respuesta”. A Luisa Torres de Toledo, de 91 años, se le quebró la voz y apenas pudo terminar sus palabras. Declaró ayer en el juicio por la megacausa “Operativo Independencia” sobre el secuestro y desaparición de su hijo Oscar Toledo Torres. El joven de 21 años era estudiante de la UNT y permanece desaparecido desde 1975.

“Nunca una palabra”

Torres de Toledo declaró mediante el sistema de teleconferencia desde La Rioja. Detalló que su hijo, al que apodaban “Chuschín”, vivía junto a otros dos estudiantes -uno de ellos un catamarqueño llamado Mario Mauvecín y el otro era jujeño pero no recordó el nombre- en un departamento ubicado sobre la calle Santiago al 1.400 de la capital. La mujer recordó que el secuestro se produjo el 4 de noviembre de 1975, pero que ella se enteró dos días después mediante un telegrama que le enviaron dos sobrinas que vivían en Tucumán.

“Llegó como a las 22, decían que había un problema. Dos horas después tomé el colectivo. El 6 de noviembre iba a ser el cumpleaños (de su hijo) y ellas lo habían invitado a almorzar. Cuando fueron a recordárselo, encontraron la puerta forzada”, describió. Aseguró que, por una vecina, supieron que la Policía se había llevado a los tres estudiantes durante la madrugada. “Cuando la señora salió a limpiar al otro día, había un reguero de sangre desde el departamento de los chicos hasta la vereda”, lamentó.

Expresó que pudo hablar con Mauvecín, quien permaneció 10 días en cautiverio: “me contó que mi hijo iba a rendir el 5 de noviembre, se había quedado estudiando. A las 4, llegó la Policía y salio a atenderlos. Lo golpearon mucho y parece que le rompieron la nariz porque sangraba mucho. Fueron trasladados en móviles diferentes, vendados y con las manos atadas, Mauvecín fue liberado, pero se suicidó un año después. Con el de Jujuy no me pude comunicar nunca”, consignó.

La testigo afirmó que no supo datos concretos sobre el paradero de su hijo. “Nunca tuve una palabra sobre él. Hice todas las gestiones que pude. Fui a Tucumán y a Buenos Aires. Anduve en tantas partes que ni me acuerdo los nombres de las instituciones de derechos humanos. Hice todo lo que pude. Presentaba los hábeas corpus, pero no nos dejaban”, rechazó. Relató que luego se unió a Madres de Plaza de Mayo.

De acuerdo con la acusación, los estudiantes habrían sido trasladados al centro clandestino de la Jefatura de Policía.

En el proceso oral se abordan los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 271 víctimas durante 1975, durante el Gobierno de María Estela Martínez de Perón. Se determinará las posibles responsabilidades de 19 ex miembros de las fuerzas de seguridad en el contexto del llamado Operativo Independencia, incursión militar ordenada en Tucumán por la entonces presidenta.

Comenzó a tratarse ayer uno de los casos más controvertidos para las defensas en la megacausa “Operativo Independencia”. Declaró el primer testigo de la causa por el secuestro de Ángel Fermín Núñez, un joven de 22 años que repartía productos de la empresa Cootam y que integraba el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Sucede que para las defensas, Núñez fue uno de los condenados a perpetua en 1977 por el atentado mediante el que fueron asesinados en diciembre de 1974 el capitán Humberto Antonio Viola y su hija María Cristina, de tres años. El ataque es atribuido al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), que según testigos que declararon, era el brazo armado del PRT.

Se vivió un cruce entre las partes durante la declaración de Pascual Núñez, hermano de la víctima del caso y quien relató su secuestro y los que vivieron una decena de familiares. Fue la primera vez que Núñez declaró ante un Tribunal, dado que efectuó recientemente la denuncia por la privación ilegítima de la libertad y las torturas que sufrió.

Pascual Núñez había consignado que había militado en diversos partidos y organizaciones, incluido el PRT. Había señalado que en algunas de ellas -no en el PRT- cumplía con acciones sociales en villas. Adolfo Bertini, quien encabeza el equipo del Ministerio Público de la Defensa, le consultó si su hermano Fermín era parte del ERP, cuál era el trabajo social que efectuaba y por el “parte de guerra del ERP” sobre la muerte de María Cristina Viola.

El fiscal Pablo Camuña, que encabeza el Ministerio Público Fiscal, se opuso a la última pregunta. “Va en camino a atribuirle determinados hechos a víctimas de esta causa. No se están ventilando los graves y repudiables hechos cometidos en perjuicio de Humberto Viola, María Cristina Viola y María Fernanda Viola (resultó herida). No forman parte del objeto de este proceso. Se fuerza al testigo a declarar sobre hechos que habría supuestamente cometido su hermano”, justificó Camuña.

“Lejos de querer incriminar un delito estoy haciendo preguntas de contexto. Aquí estamos discutiendo el período del Operativo Independencia y uno de los condimentos fundamentales por el que el Gobierno constitucional autoriza la intervención es la presencia de grupos como el ERP. Lo que estamos tratando de determinar es esa presencia. Si no puedo hablar del contexto y de la presencia de grupos armados, este juicio se tiene que terminar hoy mismo. La acusación se basa en esto”, argumentó Bertini.

El juez Gabriel Casas explicó que el criterio del Tribunal es que hay amplitud en los interrogatorios. “El argumento del requerimiento de elevación a juicio es que se persiguió a las víctimas por cuestiones políticas. El límite es que las respuestas puedan ser autoincriminatorias. No las responda si considera que son así”, le indicó al testigo. Pascual Núñez evitó responder algunas preguntas y reiteró que él había sido secuestrado y torturado. “El Tribunal se está anticipando a lo que serían fundamentos de una supuesta condena cuando habla de perseguidos por cuestiones políticas. Tenemos distintos tipos de hechos. No considero que mi cliente (el ex militar José Roberto Abba) tenga que estar sentado aquí por haber perseguido políticamente a nadie”, advirtió el defensor particular Mario Leiva Haro.

La Fiscalía sostiene que la causa que el entonces juez Manlio Martínez -condenado por delitos de lesa humanidad- sustanció en su contra se llevó adelante de manera irregular.